La sentencia del TJUE viene a clarificar una cuestion prejudicial planteada a tenor de dar respuesta a una interpretación del articulo 11 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europero y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a l respecto de los derechos de propiedad intelectual. La misma fue presentada en un litigio entre … y….

Los hechos relativos al caso son los siguientes, Delta es arrendataria de lo que se conoce como mercado encubierto de Praga y subarrienda a comerciantes los distintos puestos de venta situados en ese mercado. los demandantes son quienes fabrican y distribuyen productos de marca y despues de haber confirmado que el mercado de Praga se vendía de forma encubierta falsificaciones de sus productos, interpuesieron la demanda, solicitando:

– la demanda se abstuviera de celebrar o prorrogar contratos de arrendamiento de puestos de venta en dicho mercado cubierto con personas cuyo comportamiento hubiera sido objeto de una resolución firme judicial o administrativa declarándolo constitutivo de infracción o riesgo de infracción de los derechos conferidos por las marcas mencionadas en la demanda.

– que se abstuviera de celebrar o prorrogar estos contratos cuando sus clausulas no incluyeran ni la obligación del comerciante de abstenerse de infringir los derechos de propiedad indtelectual de las demandates en el litigio principal ni la clausula segun la cual la Delta Center puede resolver el contrato en caso de que se infrijan estos derechos o exista un riesgo de ingringirlos.

El tribunal municipal de Praga desestimó la demanda interpuesta por los demandantes, entendiendo que no existia infracción ni riesgos de infracción de los derechos de los demandantes dado que era evidente  para los compradores que las mercancóas controvertidas son falsificaciones y las demandantes ni los producian ni los distribuyen.

Los demandantes apelaron, pero la sentencia volvió a confirmar la desestimación de la demanda e interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Praga quien decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE una cuestiones prejudiciales:

Sobre la primera de ellas; se desea saber si el articulo 11 de la directiva mencionada anteriormente debe interpretarse en el sentido de que el concepto de intermdiario cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para ingringir un derechos de propiedad intelectual a efectos de dicha disposición, incluye al arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a comerciantes, algunos de los cuales utilizan su puesto para vender mercancias que constituyen falsificaciones de productos de marca.

En materia de comercio electrónico, el Tribunal de Justicia ha declarado que un proveedor de acceso, que se limita a permitir el acceso a Internet sin proponer otros servicios ni ejercer un control, presta un servicio que puede ser usado por un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual y debe ser calificado de «intermediario»

En el caso de autos, según dice la sentencia, es pacífico que Delta Center es el arrendatario del mercado cubierto y ejerce una actividad económica, que consiste en subarrendar los puestos de venta situados en dicho mercado cubierto. Tal actividad remunerada constituye una prestación de servicios.

Por otra parte, el hecho de que la puesta a disposición de puestos de venta se refiera a un mercado electrónico o a un mercado físico, como los mercados cubiertos, carece de incidencia a este respecto. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de intermediario cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad intelectual, a efectos de dicha disposición, incluye al arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los diferentes puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a comerciantes, algunos de los cuales utilizan su puesto para vender mercancías que constituyen falsificaciones de productos de marca.

Mediante su segunda cuestión prejudicial, se desea saber,  si el artículo 11, tercera frase, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que los requisitos a los que está sometido un requerimiento judicial, a efectos de esta disposición, dirigido a un intermediario que presta un servicio de arrendamiento de puestos de venta en mercados cubiertos, son idénticos a los aplicables a los requerimientos judiciales que pueden dirigirse a los intermediarios en un mercado electrónico, enunciados por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros.

Asimismo recuerda que las modalidades de los requerimientos judiciales que los Estados miembros deben prever  quedarán reguladas por el Derecho nacional y deberán ser equitativos y proporcionados. Es cierto que tampoco puede exigirse al intermediario que lleve a cabo un seguimiento general y permanente de sus clientes. En cambio, se puede obligar al intermediario a que adopte medidas que contribuyan a evitar que se produzcan nuevas infracciones de la misma naturaleza por parte del mismo comerciante.

Lo que si es cierto y no hay duda segun el Tribunal de Justicia es que sólo puede dictarse un requerimiento judicial, en el sentido del artículo 11 si garantiza un justo equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y la inexistencia de obstáculos al comercio legítimo

Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión prejudicial el  artículo 11, tercera frase, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que los requisitos a los que está sometido un requerimiento judicial, a efectos de esta disposición, dirigido a un intermediario que presta un servicio de arrendamiento de puestos de venta en mercados cubiertos, son idénticos a los aplicables a los requerimientos judiciales que pueden dirigirse a los intermediarios en un mercado electrónico.

 

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